Trece creyentes, hombres y mujeres, cumplirán condenas suspendidas. La apelación confirmó la decisión del Tribunal de Magadán

El veredicto en el caso a gran escala de los creyentes de Magadán —siete hombres y seis mujeres de entre 32 y 73 años— entró en vigor el 15 de octubre de 2024, por decisión del Tribunal Regional de Magadán. El fiscal buscó reemplazar las sentencias suspendidas por otras reales para algunos de ellos, pero el panel de jueces apoyó la decisión de primera instancia.

Todos los creyentes no están de acuerdo con el veredicto de culpabilidad y la decisión de apelación, según la cual cumplirán sentencias suspendidas de tres a siete años. En sus quejas, llamaron la atención sobre la ausencia de corpus delicti en sus acciones y afirmaron que, de acuerdo con la Constitución de la Federación de Rusia, tenían todo el derecho de reunirse para discutir la Biblia y comunicarse.

En su apelación, la fiscal Marina Shvyreva pidió sentencias más duras para algunos creyentes. Por ejemplo, pidió seis años y medio y siete años de prisión para Iván Puyda y Konstantín Petrov, respectivamente.

La mayoría de los reclusos señalaron que la lectura de textos sagrados, la participación en los servicios de adoración conjuntos y en la vida de la comunidad, así como el deseo de hablar a otros sobre sus creencias, son formas generalmente aceptadas de expresar la fe de cualquier religión cristiana. Los creyentes llegaron a la conclusión de que el comportamiento legítimo de los testigos de Jehová había sido considerado erróneamente por el tribunal como acciones ilegales de naturaleza extremista. También señalaron que el tribunal no estableció los motivos de odio religioso o enemistad en sus acciones y no determinó contra qué grupo social específico actuaron.

Galina Dergacheva expresó su posición sobre el veredicto de la siguiente manera: "Con sus acciones, las autoridades estatales me presentan a mí y a mis correligionarios bajo una mala luz ante la sociedad, contribuyen a la propagación de prejuicios y forman la impresión de que los testigos de Jehová son una secta peligrosa y dudosa". Y añadió: "El Estado y todos los funcionarios están obligados a mantener la neutralidad y la imparcialidad. Por lo tanto, no tienen derecho a evaluar la legitimidad de las creencias religiosas y determinar qué se puede creer y qué no".